Protección del gobierno español a Repsol: UN CHISTE DE GALLEGOS

Lo que está circulando en estos días respecto a la nacionalización de YPF se puede pensar sin lugar a dudas desde una Teoría del conflicto y más precisamente de un conflicto bipolar.

Remo Entelman en Teoría del conflicto. Hacia un nuevo paradigma estipula que existe conflicto cuando hay objetivos incompatibles entre las partes o ellas creen que sus objetivos son incompatibles.

Ya definido el concepto de conflicto veamos porqué es bipolar. Lo es en la medida en que todo conflicto tiende a la bipolaridad. No podemos decir que tal o cual conflicto es bipolar, sino que el hecho radica en que las partes ajenas a la contienda tienden a tomar posición por algunos de los actores en cuestión.

Las partes de todo conflicto involucran a actores (en nuestro caso Repsol y el Estado argentino) y a terceros. En el actual conflicto de estatización de YPF, la imagen del “tercero protector” es la que nos interesa exponer para así estar en condiciones de afirmar que el Estado español no es un actor, y por lo tanto no lo es tampoco la sociedad  española al no estar directamente involucrados en la disputa. Lo que se entiende por tercero protector es aquella parte que cuenta con muchos recursos (económicos, financieros y políticos) para influir en el conflicto a favor de unas de las partes en contienda. El problema radica entonces en que este gobierno español se asume como tercero protector en el conflicto, es decir, como protector de una de las partes: Repsol.

Lo que nosotros vamos a tratar de esclarecer es la real o falsa posibilidad del gobierno español como tercero protector a partir de las políticas y herramientas que viene utilizando este país. Cabe aclarar que esta posibilidad deviene en una imagen que para sí mismo quiere el gobierno español, imagen construida a partir de diversos discursos que circulan hoy en lo medios masivos más poderosos de nuestro país.

 Estamos en condiciones de ver la manera en que la estatización de YPF produjo tanto política como discursivamente una bipolaridad en el conflicto.

Sabemos que REPSOL está conformada en su mayoría por acciones extranjeras como el Banco Francés Paribas y la petrolera Pómex de México (fijémonos sin asombro el apoyo de México a la empresa española en este conflicto).

Con esto queremos aclarar, para empezar, que la sociedad española no tiene por qué sentirse perjudicada; los grandes afectados son Repsol como corporación, los intereses privados y los títeres políticos que se manejan desde la empresa pero NO la ciudadanía española.

Para visualizar la actuación o no del gobierno español como protector de Repsol conviene delimitar, como ya dijimos, algunas de las herramientas que viene utilizando el gobierno español (y sus aliados económicos y financieros, incluyendo los medios de comunicación) previamente al proyecto de nacionalización, al mismo tiempo que las medidas concretas realizadas una vez presentado este proyecto.

Por ejemplo, la situación de la madre patria dentro del G-20. Si España es un invitado y no un miembro permanente, si España tiene sólo una participación indirecta en el G20, ¿Por qué amenaza con que Argentina deje de formar parte de este grupo?, ¿Se puede considerar “protector” de una empresa de esa magnitud un Estado que no tiene representatividad propia y directa en un organismo que reúne las ocho potencias del mundo y once economías emergentes sino que se presenta como parte de la Unión Europea?

Sigamos. Habría un supuesto apoyo de EEUU al gobierno español, supuesto porque aún no se leyó o escuchó nada al respecto por parte del gran país del norte, pero no olvidemos que dentro de la conformación accionaria de YPF, el 17,10% pertenece a inversiones individuales las cuales en su mayoría son y seguirán siendo norteamericanas.

Una vez presentado el proyecto en nuestro país, el ministro exterior de España declara que la Argentina deja presentado un precedente crítico y preocupante para las inversiones extranjeras en su país y toma como medida concreta la compra de biodiesel a la UE, incluso cuando los costos son mayores.

Ahora bien, medidas españolas tales como solicitar el apoyo de Bruselas y pretender que el tema se exponga en el Foro Económico Mundial son medidas que perfectamente se las puede considerar como amenazas para nuestro país en este conflicto, ya que no hay prácticas de acción concretas que nos perjudiquen y las que hay son de poco magnitud (como, por ejemplo, la suspensión que hizo la comisión europea de la reunión a desarrollarse en Argentina en el corriente mes por el “supuesto clima de hostilidad que vive el país”).

¿Qué podemos sacar en limpio hasta el momento? Que de acuerdo a las medidas-amenazas de España respecto de Argentina, éstas no nos hablan más que de la falta de recursos con que cuenta el país ibérico para afrontar este conflicto. Como es sabido, los altos grados de desempleo, la reducción del PBI, el aumento de la deuda externa, la reducción de salarios y beneficios sociales como la salud, etc. son notas características de la reciente economía de este país.

Si el gobierno español se considera un tercero protector, ¿Qué protección pretende darle a Repsol si sus medidas ante el conflicto no son más que amenazas al Estado argentino y su situación política y económica actual es más que deplorable?. Este tercero no está en condiciones de llamarse protector porque no dispone de herramientas de gestión concretas para proteger a nadie. No es un estado poderoso y no es inmune a que otros terceros en cuestión reaccionen contra esta situación (recordemos que aunque el Banco Mundial se ha presentado en contra de la estatización, el FMI y el G-20 dijeron que no quieren influir en problemas bilaterales, considerando este caso como una cuestión de soberanía).

Por otro lado, existen por demás hechos concretos que demuestran que los actores son dos, Repsol y el Estado argentino y que, en el afán de protección del Estado español al primer actor, no entra en juego la sociedad española. Lo primero que podemos decir es que no es novedad la influencia que tuvo desde siempre Repsol en la política exterior española a lo largo de gobiernos “socialistas” y liberales.

Para seguir conociendo a este actor en contienda es necesario remarcar, en palabras de Juan Torres López, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla,  que su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que el gobierno español hubiera condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que puede llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación. 
¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos? 

Teniendo en claro esto, varias agrupaciones españolas como el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), Ecologistas en Acción, ACSUR-Las Segovias y Associació Catalana d`Enginyeria Sense Fronteres (ESF), Los Indignados, etc. exigen a Rajoy la no intervención en el conflicto. Gran parte de la juventud española aclara no sentirse parte de la contienda por el simple hecho que Repsol NO los identifica. Pareciera que para el Estado español, Repsol es un sinónimo de España toda en este conflicto ¿que nos aqueja?.

España decidió eliminar las importaciones del biodiesel, sin embargo tenemos  la posibilidad de utilizar este producto para el mercado interno (de acuerdo a que existe demanda suficiente), por lo tanto no se produciría un daño tal como el que pretende el gobierno español a través de su medida.

El apoyo de países hermanos de Latinoamérica como ser Ecuador, Venezuela, Brasil y Uruguay fue concreto. Estos países realizaron declaraciones de respeto a la decisión tomada por Argentina al considerarla una decisión soberana como estableció el ministro de relaciones exteriores de Brasil. Siguiendo esta línea de apoyo, recordemos que el propio FMI, en palabras del Jefe del Departamento Occidental, Nicolás Eyzaguirre, consideró esta medida una decisión de soberanía.

Resulta necesario aclarar que debido al conflicto en cuestión, las inversiones extranjeras en argentina no dejarán de existir.  La petrolera francesa Total, primer productor de gas en el país y uno de los principales actores del sector en el mundo, indicó que se encuentra en una posición “fuerte” y que aumentará su producción en Argentina. El ministro de Planificación, Julio de Vido, declaró  que la compañía china Petrochemical Corp invertiría 10.000 millones de dólares en la "nueva YPF" donde el estado argentino  pasa a ser el principal accionista y quien establece las reglas de juego.

Esto se visualiza más claramente en el hecho de que luego de una semana de presentado el proyecto hubo un real aumento de acciones y producción en nuestro país.

De acuerdo a todo lo planteado, estamos en condiciones de afirmar que definitivamente el gobierno del país ibérico no es el tercero protector que cree ser ya que el contexto mundial así lo indica. El conflicto hoy en día es entre el Estado nacional argentino y una corporación privada que cuenta con el apoyo de títeres políticos que pretenden “actuar” como sus defensores.

Estamos vivenciando el triunfo de la política sobre la economía, y en este sentido todos los argentinos podemos quedarnos tranquilos de las posibles “represalias” de estos cuervos empresariales y brindar por esta medida nacional y popular que nos entrega lo que es nuestro.

¡¡Salud compañeros!!